El Estado español ha decidido, en fin, romper el contrato social firmado con la Nación y ceder el monopolio de violencia a los bárbaros. Hasta el punto, churrigueresco y casi dadaísta, de que los que están siendo investigados por la Generalidad de cara a una inminente purga no son los violentos, sino los Mossos d’Esquadra de las unidades BRIMO y la ARRO. Las únicas que han cumplido su parte del contrato social, al menos en la medida en que sus líderes políticos se lo han permitido.  

No es una situación inédita en cuarenta años de democracia porque de esa licencia feudal para la violencia se han beneficiado antes los sindicatos –por ejemplo durante esas jornadas de depuración social de burgueses desafectos conocidas popularmente como huelgas generales– y otros grupos de poder asociados a la izquierda o a la extrema derecha catalana y vasca.

Pero la situación, en 2019, huele ya a chamusquina. La insistencia con la que el Estado español, sociológicamente socialdemócrata incluso cuando han mandado los otros, ha permitido que determinados ciudadanos ejerzan la violencia impunemente contra otros determinados ciudadanos, siempre los mismos, parece ya –llámenme loco– un patrón de conducta deliberado. En España las hostias siempre caen del mismo lado y la casualidad ha empezado a supurar causalidad.

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Si el gobierno español hubiera ejercido sus competencias no cabe duda de que la situación actual en Cataluña no se habría podrido como lo ha hecho.

Y se da la aparente paradoja de que infinitamente mas que la derecha, extrema o no, es”la izquierda”, son los “progresistas” los aliados y los defensores en la práctica de los fascinazis que se han enseñoreado de Cataluña, hasta el punto de que son los propios ciudadanos los que se tienen que defender de los bárbaros que con pasamontañas coartan las libertades de los demás e imponen por la violencia su odio.

Y mientras los rectores premian a los violentos o los gobernantes catalanes llaman al caos y piden mas violencia, el estado central mira para otra parte cuando no los apoya directamente como ayer el ministro de educación, alegando que tienen el derecho de opinar y expresar lo que se les ponga. O de aporrear a quien se les ponga, por extensión.

Es obvio y evidente, si hay fascistas nazis hoy colocando estrellas amarillas a quienes se les oponen en sus noches de cristales rotos, es porque este gobierno se lo permite, en una dejación de funciones criminal.

Pero lo peor no es esto, lo peor es que millones de españoles les votan y apoyan a pesar de todo ello. O quizás precisamente por ello, que ya no sabe uno que pensar.

Santi Orue